Antes de que el juez de impugnación Eudoro Albo diera a conocer el fallo, ellos sonreían porque sabían que tenían grandes chances de que les diera la razón. Después, Cristian “Bichi” y Walter “Kuki” Caro celebraron que el magistrado declarara nulo el pedido de prisión preventiva que les habían dictado un mes atrás por 180 días al ser los sospechosos del millonario robo que se registró en la galería de Mendoza al 700. No les dieron la libertad, pero podrán seguir el proceso en su contra bajo la modalidad de arresto domiciliario y después de que se les fije una caución.

Miembros de una banda habrían cambiado autos por joyas

En junio, una banda integrada por seis personas, ingresó al paseo por el techo y desvalijaron al menos tres locales, entre ellos dos joyerías. El botín fue millonario, pero hasta el momento nunca se pudo cuantificar el valor de lo sustraído.

Personal de Robos y Hurtos, al mando de los comisarios Miguel Carabajal y Jorge Dib, dirigido por el fiscal Pedro Gallo, sumó los indicios suficientes y logró detener a los hermanos Caro. El representante del Ministerio Público Fiscal, en una audiencia, consiguió que el juez Dante Ibáñez les dictara a los sospechosos la prisión preventiva por seis meses. Entre otros indicios, dijo que había registros fílmicos donde se observa a uno de los acusados saliendo del lugar, y el testimonio de un taxista que señaló que había trasladado a uno de ellos de Maipú y Mendoza hasta su casa de barrio Victoria.

Gallo también dijo que al tratarse de una causa compleja, necesitaba tiempo para poder terminarla. El fiscal está realizando numerosas medidas para tratar de demostrar que ellos fueron los autores del hecho. Entre ellas, una prueba de sonido para determinar si la guardia que se encontraba en la galería debería haber escuchado los ruidos y una comparación de la forma de caminar de “Bichi” Caro.

Otra audiencia

El defensor de los Caro, Manuel Pedernera, impugnó el fallo de Ibáñez. Y ayer se realizó la audiencia para debatir el caso. El profesional insistió ante Albo que no había pruebas suficientes para mantener detenidos a sus defendidos.

El codefensor, Camilo Atim Antuni, argumentó que la sentencia con la que se dictó la prisión preventiva no había sido bien fundamentada por el juez Ibáñez, por lo que debía ser revocada. El auxiliar fiscal Rodrigo Bilbao, actuando bajo las instrucciones de Gallo, se opuso a los planteos y pidió que se declararan inadmisible los pedidos de los defensores.

Albo les dio la razón a los profesionales y revocó la prisión preventiva de los acusados. Sin embargo, el magistrado ordenó que sigan el proceso bajo la modalidad de arresto domiciliario, que será controlada con dispositivos tecnológicos y luego de que se les fije una caución real.

“Debería haberles dictado la libertad, ya que al revocar la prisión preventiva, no hay medida que sostenga la detención de mis pupilos. Evaluaremos cuáles son los pasos a seguir”, explicó ayer a la tarde Pedernera. Por la noche, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia un planteo de hábeas corpus para que abandonen el calabozo que ocupan.

El profesional también solicitó que la caución sea acorde a la realidad económica de los acusados. “Son personas que no tienen bienes a su nombre y no son como quieren hacerlos aparecer en los medios”, explicó Pedernera.

El juez dijo que esos temas deberán resolverse en una nueva audiencia que debe ser dirigida por el magistrado Ibáñez. Allí se definirá su situación procesal, salvo que el máximo tribunal les dé la razón y ordene que sean liberados.